Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- La administración tulense utilizará la fuerza pública como último recurso para desalojar a quienes mantienen cerrado el acceso al relleno sanitario local; se agotarán las posibilidades de dialogo y sólo si persiste la cerrazón de los vecinos no nos quedará otra opción más que actuar de forma coercitiva, afirmó Gadoth Tapia Benítez, secretario municipal.Lo anterior, en relación con los miembros de la Asociación de Poseedores del predio La Cantera A.C., que desde la semana pasada mantienen sitiado el inmueble; acción que de acuerdo con el funcionario comienza a generar un importante riesgo sanitario; no se tiene donde depositar las cerca de 100 toneladas de residuos sólidos generadas diariamente en la demarcación.
Los inconformes impiden que los camiones recolectores de residuos accedan al basurero como para presionar a las autoridades a que les den solución favorable a las demandas de obra pública, como tomas de agua y electrificaciones, y se les otorgué certidumbre legal sobre las 83 hectáreas de tierra que se mantienen en pugna con la familia Velázquez Bárcena desde hace 50 años.
Derivado de la contingencia y con el objeto de evitar un brote epidemiológico el gobierno de Rodolfo Paredes, a través del síndico jurídico Rafael López, interpuso una demanda judicial desde la semana anterior por los delitos de ataque a las vías de comunicación, despojo, asociación delictuosa y daños en propiedad ajena; los hechos quedaron asentados en la averiguación previa 16/I/2877/2011.
Sólo esperan resolutivo favorable para el desalojo, al tiempo que se intenta restituir las mesas de trabajo con los inconformes, para evitar en la medida de lo posible el uso de la fuerza en un problema social, reiteró Tapia Benítez.
El servidor público indicó que el desistimiento del proceso legaloide por parte del ayuntamiento no es una opción, ya que se está condicionando a la administración local a retirar la querella para restablecer el dialogo, y dijo el presidente Rodolfo Paredes les ha otorgado toda facilidades para el dialogo y no las han aprovechado, “ahora nosotros tenemos la obligación de continuar, no nos dejaremos chantajear”.
Finalmente respecto a las demandas de los quejosos dijo que estas no pueden ser atendidas ya que los terrenos en que se habrían de efectuar las obras están en pugna; ellos dicen que son dueños legítimos pero no acreditan la propiedad, y así no se puede garantizar los servicios, ya que si de llegará alguien que presente la documentación, el ayuntamiento podría ser demandado, finalizó.
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