Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- Poseedores del predio La Cantera A.C. se ampararon el día de ayer, ante el juez de Distrito en turno, con sede en Pachuca, por el proceso judicial que el ayuntamiento local inició en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada, despojo, ataque a las vías de comunicación, invasión y daños en propiedad privada.Así lo dijo Bernardino García Cruz, líder del movimiento, quien argumentó que todas las acusaciones que se les imputan están totalmente desvirtuadas ya que no comenten actos delictivos atentando contra la ciudadanía, ni han despojado a nadie de sus pertenencias, no han atacado las vías de comunicación, “las personas que lo deseen pueden transitar libremente por el predio en cuestión; ni siquiera es calle”.
Y abundó que no han causado destrozo alguno en el terreno, por lo tanto no nos pueden acusar de daño en propiedad privada, replicó.
Dijo que sus exigencias son legítimas y que el gobierno municipal no las ha querido atender por incapacidad política; su preocupación más grande es por el foco infeccioso que puede derivarse del tiradero de basura a cielo abierto.
Donde se depositan desde los utensilios médicos inservibles de todos los nosocomios de la localidad, residuos de la perrera y del rastro hasta desechos tóxicos de las empresas de la región sur del estado, “sin ningún tipo de control de sanidad”.
Por lo que instaron una vez más a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, delación Hidalgo (Semarnath) a que realice una inspección minuciosa al lugar, ya que están seguros que el tiradero viola innumerables normatividades, además de que excedió su vida útil desde hace diez años.
Otra exigencia legítima a la administración de Rodolfo Paredes, explicaron es obra pública, principalmente de electrificación y tomas de agua potable, además de continuar con el proceso de investigación contra funcionarios de Obras Públicas y de Catastro, por presuntos actos de corrupción.
Y expresó la injusticia de la que ahora están siendo víctimas, pues los tachan como delincuentes, y sólo exigen sus derechos como ciudadanos; hicieron un llamado al gobernador Francisco Olvera y al secretario de Gobierno Fernando Moctezuma a intervenir en la problemática, “más aún al titular de la secretaría estatal, porque él fue presidente de esta localidad y conoce como están las cosas”.
Por otro lado García Cruz adelantó que la próxima semana se habrán de manifestar pacíficamente a las afueras de la alcaldía, como medida de presión para que las autoridades correspondientes den “carpetazo final” favorable a su causa en la pugna legal que sostienen contra Pedro Velázquez y Rosa Bárcena por las 83 hectáreas de tierra del predio La Cantera.
Externó su esperanza porque el amparo que se interpuso ante el juez de Distrito proceda sin que la familia Velázquez Bárcena corrompa a los encargados de la querella.
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