Miguel Ángel Martínez Hernández. Tula de Allende.- Vecinos de la colonia Jalpa, se inconformaron ante el director de Reglamentos y Espectáculos municipal, Gerardo Escamilla Márquez, por la autorización de cambio de domicilio al conjunto habitacional del cantabar Tapas; indicaron es un foco generador de inseguridad, por lo que exigieron la revocación del permiso. Externaron su preocupación ya que cuando el bar se ubicaba en la colonia centro, fue clausurado varias veces por los incontables incidentes ocurridos dentro y fuera del negocio; el último de ellos cobro la vida de una persona tras un tiroteo entre particulares y militares destacamentados en la base militar 37-C de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca, Estado de México.
La gravedad del caso aparte de la inseguridad que traería consigo la reinstalación del cantabar, explicaron los vecinos es que se encuentra a escasos 195 metros de la primaria Francisco Noble y a 50 de la Clínica San Martín de Porres, cuando el reglamento municipal estipula que no se permite el establecimiento de negocios de giro rojo a menos de 200 metros de centros escolares o clínicas.
Por lo que acusaron a Escamilla Márquez de que pese a conocer el reglamento autorizó el cambio.
Aunado a estos factores también se encuentra la tranquilidad vecinal, que ya se ve interrumpida por la cervecería Los Tarros, donde denunciaron venden alcohol a menores de edad, “vemos salir a estudiantes con uniforme, niños de secundaria hasta altas horas de la noche, incluso madrugada”.
Respecto a las acusaciones Gerardo Escamilla dijo que la problemática se originó cuando el delegado auxiliar Ramón Hernández Villa, dio su anuencia para que el cantabar se instalara en la colonia a cambio de 100 blocks para la remodelación de la capilla; no tomó en cuenta a los vecinos e indicó que él dio el permiso una vez que el dueño presentó la documentación correspondiente.
En cuanto a los señalamientos de la cercanía de la primaria y el nosocomio afirmó que no conocía la proximidad de los inmuebles; los colonos increparon que es su obligación inspeccionar todos y cada de los negocios que se ubican en la localidad, en tanto que el Escamilla Márquez se justificó alegando falta de herramientas físicas y humanas para cumplir tal encomienda.
Por lo que invito a los ciudadanos a ayudarlo en su labor porque dijo 70 colonias y 52 comunidades en el municipio las que tenemos que inspeccionar; los vecinos replicaron: sea como sea es su obligación constatar cómo trabajan este tipo de negocios.
Por otro lado el directivo dijo que para solucionar la problemática es necesario dialogar con el propietario del negocio y ver la posibilidad de que cambie de giro, y así pueda aprovechar el espacio que rentó, porque se sabe que ya adelantó algo y que pretendía reaperturar el 26 de octubre.
Por último cabe señalar que el área de comunicación social dejo entrever que debido a la problemática social que desencadenaría con la reapertura del negocio el alcalde Rodolfo Paredes negaría terminantemente la acción, privilegiando el bienestar de la sociedad civil a los intereses particulares de un empresario.
0 comentarios:
Publicar un comentario