domingo, 15 de enero de 2012 | By: Mike Mtz

Alcalde rinde informe de gobierno privado; niega acceso a medios de comunicación

EL COMPROMISO: USTED


Miguel Ángel Martínez. Tlaxcoapan.- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó la presencia de efectivos del ejército mexicano, policías estatales, además de municipales, y con acceso restringido a la ciudadanía el pasado sábado el alcalde José Antonio García García rindió su tercer y último informe de gobierno.

Evento en el que de igual manera se le negó el paso a los medios de comunicación, por considerarlos factores de disturbio social y causantes de la polarización que impera en la localidad; al acto asistió un agrupó alrededor de 20 personas, la mitad de ellos funcionarios.

La glosa fue entregada a María de los Ángeles Hernández Hernández, coordinadora del H. Ayuntamiento, en representación del gobernador Francisco Olvera asistió Narciso González Martínez, director del Colegio de Bachilleres a nivel estatal; no hubo contestación, pues de la H. Asamblea sólo asistieron los dos regidores de la fracción panista.

Se sabe que la admisión fue limitada debido a órdenes de José Antonio García, por el temor del ex edil a ser agredido físicamente por simpatizantes petistas del nuevo gobierno que presidirá a partir hoy lunes 16 de enero Miguel Ángel López Hernández.

Cabe destacar que  pese a que como se eligió como recinto oficial para el informe el salón de .múltiples Prisma, “a la mera hora" fue cambiado al salón particular Los Olivos por los presuntos disturbios ocasionados en el lugar previamente asignado.

Al finalizar el evento y a la salida de José Antonio García fue abordado y cuestionado por comunicadores respecto a las restricciones que ordenó, sobre las cuales se limitó a responder que había sido necesario por su propia seguridad, antes de salir literalmente huyendo a bordo de una camioneta Pick - Up.

Al margen se sabe que en Tezontepec de Aldama, donde también el tercer y último informe del ex alcalde Clemente Cornejo, también hubo disturbios, causados por los propios empleados del municipio y proveedores, los que exigen el pago de las últimas dos quincenas de trabajo y de facturas atrasadas, supriores en algunos casos a los 150 mil pesos. 

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