martes, 29 de noviembre de 2011 | By: Mike Mtz

Poseedores del predio La Cantera impiden deslindes; incitan a conflicto armado

EL COMPROMISO: USTED

Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- Con machete en mano integrantes de la Asociación de poseedores del predio La Cantera impidieron la delimitación de terrenos del predio denominado El Salitrillo que pretendía realizar su hasta ahora legítimo dueño, el empresario Pedro Velázquez Bárcena en compañía del perito en posesión de tierras José Antonio Rodríguez Villaseñor.
Los acontecimientos ocurrieron a las 8 horas con treinta minutos, cuando Velázquez Bárcena se apersonó junto con autoridades auxiliares y comisariados ejidales de las colonias San Pedro Alpuyeca, El Llano primera y segunda sección, con el propósito de realizar las diligencias correspondientes, labor que fue impedida por cerca de 60 presuntos integrantes de la asociación.  
Después del brote de violencia el empresario y autoridades auxiliares se trasladaron al juzgado menor con cabecera en Tula a levantar el acta correspondiente en donde se relataran las incidencias, sentar un precedente que justifique la utilización de la fuerza pública para poder realizar las delimitaciones, declaró Juan Villagómez, apoderado legal de la impulsora turística la Cantera.
Así pues los sucesos quedaron asentados en el acta 1272/2011, misma que fue firmada por los delegados y comisariados de las tres colonias implicadas.
El particular denunció también en el oficio que de las 60 personas armadas que impidieron las delimitaciones, sólo seis son miembros reconocidos del organismo “el resto son acarreados y agitadores de otras organizaciones partidistas como la UCSD”.
Por otro lado manifestó que los rijosos se dijeron respaldados por el secretario de Gobierno Fernando Moctezuma Pereda y el subsecretario Carlos Moreno; refirieron que ambas autoridades eran sus padrinos políticos y que mientras eso fuera nadie les haría nada.
Finalmente el empresario instó a ambos funcionarios a deslindarse de los “delincuentes” que utilizan sus nombres como estandarte para efectuar actos ilegales, “sobre todo por el costo político que les puede acarrear”.

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