* La orden de aprehensión inicial, es por un lapso de 24 horas, en caso de desacato al mandato judicial, podría ser de 36 horas o hasta de varios años en prisión.
* Junto a Billy, serían arrestados Raúl Antonio Enríquez López, presidente del Consejo de Vigilancia, y Noé Calvo Morales, director de Recursos Humanos.
* En breve, socios depuestos serían restituidos, así como sus salarios caídos de casi tres años.
Tula. El pasado miércoles, el juez sexto de distrito en materia civil del Distrito Federal, liberó una orden de arresto contra el director general de la Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas.
Lo anterior, al no
haber acatado el mandato judicial de restituir
a diez socios depuestos de sus funciones en una “asamblea general” en
mayo de 2011, y negarse a entregar al Consejo de Administración (encabezado por
Armando Valverde Talango), documentos inherentes a sus cargos.
Así lo dieron a
conocer en conferencia de prensa Jorge Olvera, Eugenio Olvera y Gabriel
Hidalgo, abogados del consejo “legítimo”, quienes desde hace dos años exigen
que Billy Álvarez entregue cuentas de
la administración financiera de La Cruz Azul.
En su ponencia, los
litigantes explicaron que junto con Álvarez Cuevas, se ejercerá arresto por 24
horas contra dos codemandados, que son Raúl Antonio Enríquez López, presidente
del Consejo de Vigilancia, y Noé Calvo Morales, director de Recursos Humanos.
La orden de arresto
contra el director general de La Cruz Azul y los dos codemandados habría sido
girada por el juez sexto de distrito en materia civil del Distrito Federal.
Además de esta
orden, queda pendiente una diligencia que en caso de no efectuarse darían origen
a una segunda orden de arresto; Jorge Olvera afirmó que aunque los defensores
de Billy busquen y obtengan amparos,
esto sólo retrasará su detención por algunos días.
Lo anterior al
referir que no hay argumentos legales para defender a Guillermo Álvarez, por lo
que es seguro que el director de la cooperativa pise la cárcel por 24 horas
inicialmente.
Advirtió que si Billy Álvarez se sigue negando a
reconocer la calidad de socios de los diez excluidos en 2011, se podrían
ampliar las horas de arresto a 36, luego llevarían al uso de la fuerza pública,
y posteriormente a perder definitivamente por desacato lo que significaría
varios años tras las rejas.
Armando Valverde,
dijo que en plena facultad de sus atribuciones, de presidente del consejo de
administración, (que reconoce el sistema de justicia mexicano), convocó a una
sesión formal del órgano que encabeza para tratar la destitución de seis
socios.
En ese sentido
reiteró que lo que pretenden hacer, una vez que retomen el control de la
cooperativa, no es una cacería de brujas, pero que la reestructuración es un
tema que va muy en serio, a fin de que se imponga nuevamente la legalidad en el
núcleo.
“No se trata de
hacer cortadero de cabezas, eso lo queremos dejar bien claro, pero también es
preciso puntualizar desde ahorita que vamos a actuar con firmeza y con la
seguridad de que saldrán aquellos a quienes se les acrediten malas acciones”.
Así pues,
adelantaron que los trabajadores destituidos de sus cargos son el director de
producción Juan Oviedo Moreno, el director jurídico Miguel Eduardo Borell Rodríguez,
el director financiero Raúl Manuel Patiño Álvarez.
Además del Director
de Recursos Humanos, Noé Calvo, el gerente de Mantenimiento de la planta en
Hidalgo Alejo Cruz Salas y el de Lagunas Oaxaca, Leopoldo Ramírez Aracén, a quienes informarán de la acción en su contra a
través de un notario.
Este procedimiento,
aseveró quedará registrado en un acta en el registro público.
Gabriel Hidalgo,
también abogado del consejo, refirió que la mayoría de procesos penales que se
atienden no progresarán, debido a que hay una situación anómala del sistema de
procuración de justicia en el DF,
utilizando una política de protección hacía
Guillermo Álvarez que es solapada por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Finalmente los abogados encabezados por Jorge Olvera, externaron a los trabajadores depuestos en 2011, que una de las primeras acciones que se efectuarán al retomar el control de la cooperativa, es ordenar que les paguen íntegramente sus salarios caídos.
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