Por: Miguel Ángel Martínez.
Tula.
Pese
a estar obligada por el artículo 69 de la Ley Orgánica de los municipios del
estado, la sindicatura jurídica presidida por Javier Arana Hernández, negó a su
homóloga jurídica proporcionar información referente al número de empleados de
la alcaldía, así como a sus montos salariales.
La petición de la información requerida, surge de
las anomalías percibidas hace tres semanas por el síndico jurídico, José Luis
Rodríguez Higareda, en torno a ex empleados de la presidencia municipal que
continuaban percibiendo su salario aún sin trabajar.
Bajo este contexto, es de reiterar que hace quince
días, personal de la sindicatura jurídica mandaron un oficio a su equivalente
hacendaria para solicitarle la información sobre el personal total que labora
para el gobierno local, así como sus percepciones.
La citada documentación fue requerida en “bloque”
por tres de los cuatro regidores de la fracción perredista del cabildo tulense.
Sin embargo, los expedientes requeridos fueron
negados a los munícipes bajo el argumento de que no es facultad de la
sindicatura hacendaria proporcionar tal información, ni la de los regidores
solicitarla.
En este sentido y para cerciorarse de que ningún ex
empleado de la alcaldía siga cobrando un salario sin realizar trabajo alguno,
los abogados de la sindicatura jurídica contestaron recientemente a la negación
de información hecha por el área hacendaria.
Se conoce que los términos bajo los cuales le
respondieron están sustentados en el artículo 69 de la Ley Orgánica de los
municipios de Hidalgo, fracciones VI, así como las IV, V, VI, X y XI del artículo
67 de la misma Legislación.
Las que le hacen ver al síndico hacendario que los
regidores y el síndico están facultados para solicitar información de la
administración pública cuando lo consideren necesario, y que el proporcionarla
es obligatorio para su área.
Al solicitar se aclare el número de empleados que tiene la presidencia municipal, el status que guardan cada uno de ellos, así como el pago que reciben por sus servicios, la fracción perredista de la Asamblea municipal, pretende acabar con los funcionarios aviadores.
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