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| Foto cortesía: Israel León |
Tula. Habitantes de la comunidad de Bomintzhá, persisten en la
acusación de desinterés de que autoridades de los tres órdenes de gobierno por
perforar un pozo de agua potable para reducir el desabasto del vital líquido
que existe en la comunidad desde hace por lo menos una década.
Los afectados refieren que la
primera solicitud en torno a petición la realizó desde 2005 el ex delegado
Francisco García García, a fin de contrarrestar el desabasto del vital líquido
que derivara la sobreexplotación de los pozos Bosque I y II.
En aquel entonces el
representante vecinal denunció que ambos emanantes redujeron su rendimiento
hasta en diez litros por segundo; ante lo apremiante de la situación buscaron
respaldo en Fernando Moctezuma Pereda, diputado federal por el distrito de Tula
(2002 – 2005).
Entonces, el servidor público
aseguró que el pozo quedaría funcional en diciembre de ese mismo año, sin embargo
no ocurrió, por lo que hoy día ante la gravedad de desabasto de agua, los
quejosos siguen solicitando la obra, valuada en al menos 6 millones de pesos.
Los demandantes aseguran que ante
lo reiterado de su petición, hace siete meses el presidente municipal, Jaime
Jacobo Allende González, supuestamente les entregó un nuevo pozo, pero de agua sin
calidad de consumo para la gente, por contener materiales pesados.
Reclaman entrega de pipa que Pemex donó por afectaciones de refinería
Miguel Hidalgo
Asimismo los inconformes reiteran
la exigencia de que la presidencia regrese la segunda pipa transportadora de
agua, que Pemex donó a la comunidad por las afectaciones ecológicas sufridas
por el funcionamiento de la refinería Miguel Hidalgo, y que inexplicablemente está
en poder de la alcaldía.
La paraestatal regaló a la
localidad dos pipas nuevas para abastecer de agua por tandeo a las zonas de la
comunidad que sufren de desabasto desde hace por lo menos diez años, y que ante
la inconformidad ciudadana el gobierno municipal, en pasados días regresó una
de las dos unidades.
Sin embargo, para la entrega del
segundo vehículo la alcaldía solicita a los vecinos del poblado el pago de una
fianza de 70 mil pesos, que presuntamente la administración pagó por una
descompostura.
En defensa del vehículo, los
afectados dicen que si la administración local se llevó ambas unidades siendo
funcionales que las tiene que regresar en las mismas condiciones, ya que si una
se descompuso es por el uso que las autoridades le dieron.
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