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* Esto a raíz de la agresión perpetrada por el regidor Genaro Reyes al comunicador Jesús González.
Tula.
A través del expediente CNDHEH-V GJ-1444-13, la Comisión estatal de Derechos Humanos
(CNDHEH), recomendó a la Asamblea municipal de Tula, y en general al gobierno
local respetar estrictamente la labor de los periodistas.
A través del oficio
signado por el presidente del organismo defensor de los derechos humanos (DH),
José Alfredo Sepúlveda Fayad, también se solicita al gobierno local el estricto
respeto a la libertad de expresión y de la información.
Esto a fin de procurar
que quienes ejercen un cargo público conozcan los criterios que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como organismos internacionales de DH,
establecen al respecto.
En los que por ejemplo
se cita en orden de importancia el respeto a la libre expresión, consagrado en
el artículo 6° de la constitución política mexicana, donde se señala que la
libertad de expresión es un derecho fundamental del individuo, y que no podrá
ser objeto de ninguna persecución.
Asimismo se cita que
este derecho será garantizado obligatoriamente por el estado, así como que toda
persona tiene derecho a recibir y difundir información de cualquier índole por
cualquier medio de expresión, siempre y cuando no atente contra la seguridad
nacional.
Lo anterior como
resolutivo a la queja interpuesta por el comunicador Jesús González Juárez, por
la agresión sufrida de parte del regidor Genaro Reyes Flores, el pasado 8 de
mayo de 2013, a raíz de un comentario expresado a través de las redes sociales.
Respecto a la
justificación de la acometida contra el comunicador de parte de Reyes Flores,
quien dijo que el comunicador lo daño moralmente y lo habría calumniado, la CNDHEH,
le aclara al munícipe que en ningún momento existen tales figuras, pues ni
siquiera se menciona su nombre en los comentarios vertidos a través de las
plataformas digitales.
Así como también le
hace ver que como integrante del ayuntamiento es un servidor público el cual
está expuesto al escrutinio público de la sociedad, que con su voto o no lo
puso en el cargo que actualmente ostenta.
Es de destacar que el documento
sugiere tres puntos de solución, sobre todo para prevenir cualquier agresiones
contra periodistas, entre los cuales destaca que los integrantes del
ayuntamiento y los funcionarios del gobierno local tienen que capacitarse para
ser conscientes de que son personas públicas y pueden ser objeto de escrutinio.
Además de adoptar
medidas de prevención que propicien el respeto a los periodistas y en general a
los medios de comunicación, que tienen la delicada labor de informar y
coadyuvar en la formación de la opinión pública.
Como segundo punto se
propone evaluar la capacitación impartida para que esta se traduzca en una
mejor prestación de los servidores públicos contemplando en todo momento los
derechos humanos.
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Por ello se espera que en la próxima sesión que algún asambleísta, consciente de la importancia de la libertad de expresión en el país, retome la propuesta de la Comisión estatal de Derechos Humanos respecto al tema.