Por: Miguel Ángel Martínez.
Tula. “La Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, obliga
a los gobiernos de los tres órdenes a pagar los gastos funerarios de las
personas muertas en situaciones de violencia, por lo que el ofrecimiento del
estado de pagar los gastos mortuorios de las víctimas de los recientes feminicidios
en la demarcación no es un acto solidario sino una burla para los deudos”.
Así lo sostuvo René Lugo López,
militante activo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ayer en
conferencia de prensa para reclamar a las autoridades por la actuación tardía
para frenar la ola de feminicidios de los últimos meses y para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
Durante la conferencia aprovechó para
denunciar haber recibido dos llamadas telefónicas que buscaban intimidarlo
para que no siguiera con la organización de la conferencia de prensa, “de lo
contrario se atendría a los consecuencias”.
A este respecto señaló que aunque
no está seguro de la procedencia de las llamadas, lo más seguro es que vengan
de los gobiernos estatal o municipal, ya que estos han tratado de ocultar a
toda costa la problemática de inseguridad por el que está atravesando el
municipio y la región.
En este sentido agregó que a
partir de ahora responsabiliza a los gobiernos inmediatos por lo que le pueda
pasar a su familia o a él.
También anunció la instalación de
“mesas de recepción de quejas ciudadanas” en Tula, a fin de recabar firmas para revocar el mandato
al alcalde Jacobo Allende González y el coordinador de Seguridad Pública, José
Luis Rivera Martínez, por su actuación omisa y falta de interés respecto a la
ola de violencia.
Además motivados por las constantes
quejas ciudadanas en el tiempo que llevan de gestión, asimismo la instalación
de las mesas de recepción en los municipios de la región Tula, para conseguir
la revocación de cargo del titular de la secretaría de Seguridad Pública estatal, Damián
Canales Mena.
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