Tula. Por su actuar omiso, tardío, falta de sensibilidad y desatender
la seguridad pública de la ciudadanía, respecto a la ola de feminicidios que en
los últimos meses contabiliza ocho víctimas, por mayoría integrantes del
Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), pidieron la renuncia del alcalde Jacobo
Allende.
Ayer, durante una sesión de la
instancia municipal, la mayor parte de concejales se unió a las voces de
reclamo del pueblo contra el edil, exigiéndole de manera categórica que
reconozca que su incapacidad política para estar al frente como máxima
autoridad del municipio y que renuncie.
“La inseguridad rebasó al alcalde
y a su administración, ante este escenario debemos instaurar labores de
prevención para protegernos como ciudadanos, debemos de cuidarnos unos a otros,
de lo contrario la inseguridad se saldrá de control”, dijo Emanuel Chacón,
presidente del organismo.
Se quejaron de que a ellos
también los ha alcanzado la reciente ola de inseguridad, uno de los concejales,
quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, señaló que el lunes
pasado su esposa fue víctima de un intento de extorsión, “le dijeron que tenían
a nuestra hija secuestrada”.
Aseveraron que la inseguridad
está generando un clima de ingobernabilidad tal, que los asaltos a plena luz
del día, las amenazas, extorsiones telefónicas, y psicosis general se ha
apoderado de la gente “las familias viven con miedo, el centro de la ciudad se
vacía a las 8 de la noche por mucho”.
Se dio a conocer que solicitarán
la presencia en el municipio del procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, del senador David Penchyna, en su calidad de presidente de la
Comisión de seguridad del Senado de la República para tranquilizar a las
personas.
Además de que si es necesario
también solicitarán de manera impostergable la visita del presidente Enrique
Peña Nieto para que venga a dar certeza de seguridad a los ciudadanos de la
región Tula – Tepeji ante las recientes infiltraciones de la delincuencia
organizada.
También reprocharon a los
diputados local y federal por el distrito de Tula, por no haber ni siquiera condenado
los hechos y fijado una postura, “dónde está Onésimo Serrano, y más aún dónde
está José Antonio Rojo, a él no lo hemos visto desde que ganó la elección”.
Para finalizar el acto
protocolario, se dieron a conocer una serie de medidas a implementar para
lograr mantener a la sociedad informada y sobre todo en paz y tranquila, para
no generar una psicosis colectiva, al tiempo que se reiteraban las
recomendaciones a la población ya conocidas.
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