Si
el decreto de la venta y expropiación de los terrenos para la construcción de
la obra del Puerto Seco a ejidatarios de El Salto fue hecha ilegalmente por la
administración de Miguel Osorio Chong, al gobierno del estado no le va a quedar
de otra más que aceptar la nulidad del proceso sostuvo Jaime Salomón Leal,
enlace de gobernación en la región Tula – Tepeji.
Esto
luego de conocer de voz del presidente del núcleo ejidal Sergio Cabrera Torres
algunas de las anomalías presentes durante el trámite, entre las cuales
destacan se compraron derechos parcelarios a personas que no demostraron su
constancia de posesión, ni acreditación de ejidatarios.
Además
de que algunas de las compras de los terrenos fueron hechas a apoderados
legales y no al propio labriego, “siendo que la ley agraria estipula que estos
procesos no se pueden llevar a cabo si no está el titular de los predios”.
Salomón
Leal reconoció que fue un error de procedimientos de quienes llevaron la
gestión del movimiento, y que gobierno del estado no debió de haber pagado
dinero alguno a “ejidatarios” hasta que estos no demostraran con papel en mano
que las propiedades les pertenecían.
El
funcionario estatal dijo que como gobierno no pueden seguir haciendo las cosas
mal, por lo que han de reconocer gradualmente su error, y que muy probablemente
sea en cuatro meses aproximadamente que el Congreso local tenga el resolutivo
definitivo a la controversia de El Puerto Seco.
El
presidente del comisariado ejidal externó su deseo porque así como Jaime
Salomón reconoce que el gobierno del estado se equivocó sus superiores también
lo hagan y sobre todo el Congreso que es el que tiene la última palabra.
Por
otro lado se refirieron a la controversia limítrofe que mantienen con
Atotonilco de Tula, por la posesión de la terminal logística, los labriegos
mostraron recibos de pago al ayuntamiento tepejano que datan de 1910 donde se
hace constar que los impuestos se ingresaban a la tesorería de Tepeji y no a la
de Atotonilco.
También
mostraron un plano de 1917 cuando todavía el ejido era una ranchería donde se
estipula claramente que la comunidad y el ejido de El Salto pertenecen a Tepeji
del Río.
En
este sentido Cabrera Torres reconoció que tal documentación no ha sido llevada
al Congreso del estado, por lo que Jaime Salomón se comprometió a hacerla
llegar, y que tales pruebas pudieran ayudar a dirimir la controversia política
y de pago de impuestos existente.
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