Por: Miguel Ángel Martínez. Atotonilco. El municipio podría perder una demanda por más de 11 millones de pesos, por no atender de manera adecuada la demanda iniciada contra el gobierno local en febrero de 2010 por la clausura ilegal de la recicladora de plástico PET propiedad de la Fundación México Verde.
Sin embargo, de acuerdo
con declaraciones del edil Edgar Reyes Martínez, este juicio y la posterior
sanción aún podría salvarse, “para ello la alcaldía está recopilando pruebas a
fin de presentarlas en el litigio”.
Cabe destacar que la
administración municipal fue demandada por la asociación ecológica, en el
periodo del ex presidente Julio César Ángeles Mendoza, no obstante ninguna de
las áreas en funciones a las que compete el litigio fue debidamente notificada.
Por
ello, tanto las áreas de Reglamentos, Protección Civil (PC), Ecología, así como
la Unidad Jurídica, están tratando de allegarse de pruebas para librar la
sanción, misma que por omitir la
atención adecuada (por desconocimiento), se eleva a 100 mil pesos.
De
acuerdo con información de las áreas en funciones de la administración atotonilquense
ninguna de las coordinaciones implicadas recibió o cuenta con información al
respecto de la demanda, (ni por escrito ni en versión electrónica).
Situación
que confirmó César Rodríguez Rojas, titular de PC, señaló que en el momento de
recibir el área de su antecesor no fue informado sobre la clausura ni recibió
documentos al respecto.
Así
pues, la recicladora antiguamente ubicada en Praderas del Potrero, habría sido
clausurada en cumplimiento de un dictamen judicial emitido en septiembre de
2011.
No
obstante, la firma a la que le pertenecía la tratadora de PET, inició una querella
judicial casi de inmediato a la clausura, la cual según dicto un juez sí tuvo
posibilidad de proceder, por el cierre injustificado de la planta.
En
una entrevista concedida por el síndico jurídico, Salvador Miranda Barreto, el
11 de enero de 2012, se pudo conocer que la cantidad total por la que la
fundación demandó a la administración municipal es de 11 millones 154 mil 250
pesos.
En aquella ocasión, el
munícipe, habría recriminado a los directores de área por no contar con la
información suficiente para que la alcaldía pudiera actuar legalmente.
Además
los habría acusado de negligencia, falta de coordinación y comunicación, lo que
derivaría en pagos que pudieron evitarse si las demandas hubieran sido
atendidas a tiempo.
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