Por: Miguel Ángel Martínez.
Tepeji del Río. La Procuraduría Federal para la Protección al
Ambiente (Profepa), es la dependencia que está dando seguimiento al proceso
legal contra la empresa Equz, por haber tirado más de 800 toneladas de residuos
tóxicos en la comunidad de Ojo de Agua en marzo de 2012, el municipio ya no
tiene nada que ver en el asunto.
Así
lo afirmó en conferencia de prensa el alcalde Fernando Miranda Torres, quien
abundó sobre el tema que se le está dando seguimiento en instancias judiciales federales
(“sin que a la fecha haya tenido un gran avance”), y que su gobierno ya no
tiene mucho que aportar.
“Deslindó
de toda responsabilidad al gobierno municipal, nuestra obligación final fue la
de sacar los residuos tóxicos de la comunidad y confinarlos en un lugar seguro,
cosa que ya cumplimos, los llevamos a una ciudad de Torreón”, sostuvo el
Ejecutivo local.
Al
respecto ahondó que para que se diera el confinamiento final de los residuos
industriales, la administración que encabeza tuvo que desembolsar un recurso
previamente etiquetado de más de un millón de pesos, “tuvimos que pagar para que
se los llevarán y para que los recibieran”.
Dijo
que cumplido este proceso, ahora sólo están en espera de que la Profepa le
quite al municipio la etiqueta de responsables solidarios, (por haber sido el
municipio en que se tiraron los residuos), “en unos días tendrán el dictamen,
esperamos se nos quite la etiqueta”.
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| Foto archivo |
Por
otro lado lamentó que en la Procuraduría General de la República delegación
Tula (PGR), hayan determinado liberar (un día después de haberse consignado),
los camiones y maquinaria que utilizaron para tirar los desechos.
Finalmente
dio a conocer que hace aproximadamente tres semanas se acercaron a su gobierno
algunos particulares con la intención de pedir autorización de reaperturar la
empresa Equz, “diciendo que ellos eran los nuevos propietarios, pero les negué
el permiso”.
“De
hecho no se acercaron a mí, lo hicieron a través de mi director de reglamentos,
pero por este medio también les dije que no, porque la planta estaba siendo
sometida a un proceso legal y que tendrían que esperar hasta que éste
finalizara”, apuntó el edil.
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