Miguel Ángel Martínez. Tula- Al menos 100
ciudadanos se manifestaron pacíficamente a las afueras de la alcaldía para
exigir el asesoramiento jurídico del ayuntamiento en el caso de la estudiante
atropellada por un microbús de la línea Valle del Mezquital, ya que indicaron
que a la fecha no se han hecho cargo de los gastos médicos; exigieron pensión
vitalicia para la agraviada.
El
cerco a la sede del ejecutivo local se disipó rápidamente, pues los inconformes
fueron atendidos por Mario Rangel Macotela, secretario municipal al interior de
la sala de cabildo. El funcionario manifestó la solidaridad del gobierno
municipal en el caso y puso a disposición de la parte afectada al jurídico del
Ayuntamiento, Salvador Ángeles Maqueda.
Este
a su vez se comprometió a dar seguimiento al asunto, pero no fijó fecha de
solución, porque primero deben de cumplirse una serie de requisitos legales para
que la administración local este facultada a absorber la querella; los
disidentes se inconformaron ante este escenario.
Y
en este sentido reclamaron que como la estudiante accidentada no es una
ciudadana acaudalada existe una “impartición de justicia diferencial”, porque
en caso de ser un hijo de algún funcionario del ayuntamiento el responsable por
el atropellamiento estaría refundido en la cárcel y no hubiese salido libre a
las 72 horas el “accidente”.
Sin
embargo Rangel Macotela, se comprometió a dar celeridad al caso y a que cada
cuatro días recibiría a una comitiva vecinal en la sala de cabildos a fin de
brindar un informe detallado de los avances del caso.
Los
manifestantes externaron su temor a que la ayuda que les facilitó el
ayuntamiento fuera corrompida por los representantes de la empresa
transportista, “ellos tienen mucho dinero y necesitamos la garantía de que Salvador
Maqueda no va a venderse”.
También
externaron una serie de anomalías que desde siempre se han observado en el
monopolio Valle del Mezquital; calificaron a la policía municipal de corrupta y
mencionaron que las autoridades locales están coludidas con la misma.
Por
lo que hicieron un llamado al Instituto Estatal del Transporte (IET) y a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que sancionen realmente a la
empresa y reiteraron la petición de reubicar la central de microbuses del primer
cuadro de la ciudad, porque “es un constante peligro para cientos de
estudiantes que a diario transitar por ahí”.
Por
otro lado demandaron al alcalde Jaime Allende González hacer frente a los
problemas y no esconderse de ellos, ya que siempre que un ciudadano lo busca no
está, “y manda a sus segundos” a atender a la gente, porque cuando estuvo en
campaña fue él personalmente a solicitarles el voto y no su representante.
Tras
una hora de exponer sus principales puntos de desacuerdo a las autoridades
locales, se acordó que el próximo lunes los ciudadanos asistirían nuevamente al
palacio municipal a fin de conocer el avance de la demanda.
Y
dijeron que si no ven una respuesta casi inmediata van a poner de cabeza al
municipio con el bloqueo de vialidades y la toma de las centrales de autobuses
y microbuses.
Al final
de la reunión un grupo de mujeres todavía inconformes con el resolutivo pegó
una serie de pancartas sobre el hasta bandera de la plaza del Nacionalismo,
donde mostraban repudio hacia la empresa y exigían al ayuntamiento local su
apoyo, así como que Jaime Allende de la cara.
