Por: Miguel Ángel Martínez.
Tula. Para
averiguar el potencial riesgo de salud derivado para la población, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a través de su instancia estatal, realizará una
investigación sobre las presuntas anomalías realizadas en el relleno sanitario intermunicipal
de Tula.
Así lo informó,
Argelia Velázquez León, representante legal de los propietarios del predio
donde se asientan las instalaciones “sanitarias”, y amplió que hace
aproximadamente un mes interpusieron la queja ante la CNDH, misma que turnó el
caso a su homóloga estatal.
De manera paralela,
explicó, hace varios meses se sigue un proceso legal a fin de derogar el
contrato que se tiene con los cuatro municipios participantes en el proyecto
del relleno, así como la Secretaría del Medio Ambiente estatal que es quien
coordina.
Lo anterior
–señaló- por el incumplimiento del contrato, “la empresa Arcángel que opera
directamente el relleno, viola las normas sanitarias estipuladas, “inicialmente
se acordó que sólo se recibiría basura
de los municipios, ahora se depositan de empresas particulares”.
Acerca de ello,
dijo: luego de estar tres meses inspeccionando las actividades en el inmueble,
documentaron que industrias particulares como Pemex y Galgo, van a depositar
sus desechos sin ningún tipo de control, “desde que se aperturó el lugar ha
sido la misma situación”.
Asimismo añadió que
la capacidad acordada de la celda para la colocación de basura fue rebasada
desde hace varios meses, debido a que se autorizó a Pemex, de manera ilegal,
reubicar la basura que había en los tiraderos a cielo abierto de Tlaxcoapan y
Atitalaquia.
Lo anterior,
-recordó- fue cuando se decidió que en los terrenos donde se ubicaban ambos
basureros municipales, formaran parte del polígono donde se construiría la
refinería Bicentenario.
“Actualmente la
montaña de basura, rebasó hasta en 8 metros la celda en un principio autorizada
con el consentimiento del secretario del medio ambiente, Honorato Rodríguez
Murillo, por lo que también habremos de interponer una querella legal en su
contra”.
Sostuvo que lo
preocupante de tal situación es el impacto ambiental que se pudiera estar
teniendo a raíz de la disposición en el lugar no sólo de residuos municipales,
sino industriales, además de que el inmueble quedará inservible si lo quisieran
utilizar a futuro.
Declaró que a la
fecha no han aceptado recibir ningún pago por el arrendamiento de su predio,
ante la preocupación de la violación de las mínimas normas sanitarias, “el
dinero permanece en el juzgado y no lo recibiremos hasta llegar a una
resolución”.
Por último denunció
que tienen conocimiento de que la empresa Arcángel, cobra tarifas a Pemex y a
Petroquímica hasta 230 pesos, por tonelada recibida, “siendo un negocio
rentable, del que sin embargo como propietarios no hemos recibido beneficio
alguno”.
